Si has llegado hasta aquí, seguramente te estés preguntando si la póliza de seguro de tu establecimiento incluye indemnización por los periodos en los que las autoridades te prohibieron abrir tu negocio.

El cierre por días completos e incluso las restricciones horarias han provocado una pérdida económica del sector hostelero de difícil recuperación, y aunque hoy venimos a hablarte sobre la indemnización que tu seguro debe abonarte por dichas pérdidas, no son pocos los hosteleros que han decidido presentar la pertinente reclamación ante lo que consideran una nefasta administración por parte del gobierno. Y es que, tras la reclamación al seguro, a dicho sector no le falta sustento legal para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado, véase la Ley Orgánica 4/1981 que recoge que tendrán derecho a ser indemnizados aquellos que sufran en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios.

Centrándonos en la responsabilidad de los seguros ante el cierre de los negocios, no son pocas las pólizas que cubren las pérdidas que se puedan producir en el cierre de actividad por causas no imputables a los mismos asegurados, y en efecto, el cierre decretado durante el estado de alarma y las posteriores limitaciones horarias es uno de los supuestos que han de ser objeto de indemnización por parte del seguro.

Aunque algunas aseguradoras han negado a sus clientes la correspondiente indemnización, los tribunales se han posicionado de lado de la coherencia, fallando a favor del hostelero. Así pues, se espera una oleada de reclamaciones por parte de los miles de empresas que en toda España tuvieron que cerrar durante el estado alarma decretado por el Covid-19.

Te invitamos a compruebes la póliza de seguro de tu negocio, pues, seguramente te pertenezca una indemnización por los días comprendidos entre 15 de marzo y el 21 de junio de 2020 en los que te prohibieron abrir tu negocio.

En Podium Abogados, estamos de tu lado, pues creemos que el sector hostelero siempre ha sido uno de los más maltratados por la Administración, por ello, os ofrecemos los medios y herramientas jurídicas para hacer valer vuestros derechos y libertades.

¿Cubre tu póliza el cierre por el estado de alarma de tu negocio? no dudes en contactar con nosotros si tienes cualquier duda, ya que, sea cual sea tu negocio, todos los que fueron cerrados por decreto deben comprobar sus seguros.

Cuando nos duele una muela y tenemos que ir al dentista, somos conscientes perfectamente de cuáles pueden ser las consecuencias en caso de no atender la molestia. Para ello, incluso a veces hasta pedimos préstamos, como hicieron los clientes de Dentix. Son cuestiones que son insalvables y que consideramos que no se pueden postergar.

Sin embargo, cuando de asuntos jurídicos se trata, muchas veces no nos decidimos a dar el paso a consultar el asunto con un Abogado. Los motivos pueden ser muy variados, aunque los que más he escuchado en mi ejercicio profesional cuando pregunto al cliente por qué ha tardado tanto en dar el primer, son los siguientes:

  • porque el problema a priori no es tan grave,
  • porque no se sabe a quién acudir exactamente,
  • por pereza o
  • porque tenemos una idea preconcebida del posible coste que ello pueda suponer.

Pero los asuntos jurídicos, en ocasiones, no admiten espera. Un día más tarde a veces es un mundo. No hablo ya de los famosos plazos, que hacen obligatorio consultar a un Abogado sin dilación alguna, y cuanto antes, mejor. Hablo de goteras que no cubre nadie pero que no son culpa del que las sufre. Hablo de deudas que siguen creciendo y cuyos intereses son abusivos. De seguro hay asuntos que pueden esperar la eternidad, porque hay derechos que no prescriben, pero, ¿Cómo distingue el cliente eso? Pues yendo a un despacho de Abogados.

Lo escribo yo, Mario Neupavert desde Podium Abogados, pero mi recomendación es que acudas a un Abogado y consultes tus dudas a la mayor brevedad. En muchos casos, no todos, el tiempo apremia. Y muchas veces los Letrados hemos tenido que comentar a nuestros clientes que ojalá hubiesen venido al Despacho antes. Tristemente, yo entre ellos.

Sea demasiado tarde o no, estamos dispuestos a escucharte. Contacta con nosotros haciendo clic aquí.

El 15 de enero de 2021 Juanma Moreno, Presidente Andaluz, expuso cuáles serían las nuevas medidas que entrarían en vigor en la Comunidad Autónoma ante el aumento de los contagios en Andalucía.

¿QUÉ MEDIDAS?

1- Mantenimiento del Cierre Perimetral de la CCAA.

2- La hostelería cerrará a las 18h.

3- Las reuniones serán de un máximo de 4 personas.

4- Cierre perimetral de las 8 provincias.

5- Cierre perimetral de los municipios que superen 500 de Incidencia Acumulada (más de 200, ver mapacovid.es). Entre ellos, Jerez de la Frontera o San Fernando.

6- Cierre de hostelería y comercio no esencial en municipios que superen 1000 de Incidencia Acumulada (91 de esos más de 200, ver mapacovid.es).

7- Toque de queda de 22h a 6h.

Las medidas 6 y 7 serán agravadas si el Gobierno Central lo permite.

¿DESDE CUÁNDO Y HASTA CUANDO?

Las medidas entrarán en vigor la medianoche del sábado 16 al domingo 17.

Una vez esté disponible el BOJA, habrá más información.

Si tienes alguna duda al respecto o consulta jurídica en relación al COVID-19, recuerda que puedes solicitar cita previa a través del formulario de contacto.

¿Te ha llegado una carta de la compañía “ASNEF” donde te incluyen en un fichero como moroso?, ¿hay responsabilidad por daños y perjuicios si no tengo por qué estar ahí?

Pues bien, lo primero que hay que tener claro es que la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, en adelante ASNEF, tiene la función de registrar a aquellas personas que tienen deudas no saldadas con otras entidades, con la finalidad de informar al resto de empresas la situación aparente de tal deudor frente a sus pagos.

En pocas palabras, podemos decir que es el tablón donde nadie quiere estar porque van a ver que no he pagado una deuda.

La forma de actuar frente la cancelación de nuestro nombre y la deuda plasmada en el fichero de ASNEF variará según:

1.- El montante que adeudemos a la entidad que nos ha inscrito en el mismo.

2.- La correspondencia con la realidad o no de la existencia de dicho impago.

3.- La capacidad de afrontar la deuda que posea cada uno en el caso de que efectivamente debamos ese dinero.

En el segundo caso, supuesto de no considerar que tengamos que estar en esa lista porque la deuda no nos corresponde, tenemos que enfocarnos en si efectivamente tenemos que hacernos cargo de soportar el abono de ese dinero. Esto se materializa con la relación que hemos mantenido con la compañía la cual dice que le debemos ese dinero.

Pongamos un ejemplo muy recurrente:

Supongamos que hemos contratado con una compañía telefónica un paquete donde nos ofertan la instalación de fibra en el domicilio, una línea móvil y un modelo de Smartphone concreto.

El técnico acude a nuestra vivienda y sin problema alguno nos instala la fibra con el módem que nos facilita el acceso a internet. Sin embargo, llega un día en el que nos comunican que el terminal móvil que habíamos elegido no se encuentra en stock y no nos lo pueden dar.

Actualmente, lo que determina la contratación de una oferta de este tipo es que nos salga más asequible el dispositivo móvil que queremos con la compra del paquete que nos brindan. Y es precisamente por esto, que no tengan el terminal que queremos,por lo que queremos romper el contrato y no quedarnos con el paquete entero.

Hacemos reiterada referencia al paquete ofertado porque es aquí cuando nos llega la carta de ASNEF diciendo que debemos la cantidad perteneciente al coste de instalación de la fibra que nos han realizado.

Y la pregunta que nos llevaría a la cancelación de nuestro nombre en el fichero de ASNEF: ¿Tenemos que hacernos cargo de la deuda de esa instalación cuando hemos dicho que no queremos el paqueteentero? La respuesta es NO.

Según reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, aunque se hayan ejecutado una o varias prestaciones en un contrato con pluralidad de objetos, si uno de los servicios o bienes a entregar del mismo contrato no se materializa, el consumidor tiene derecho a rescindirlo íntegramente.

No podemos olvidar la posibilidad que tienen los consumidores al desistimiento del contrato. Este derecho puede ser tomado por el consumidor sin justificación alguna siempre y cuando se efectúe en los 14 días naturales inmediatamente posteriores a la recepción del bien o al día de celebración del contrato del servicio adquirido, todo ello si se nos ha informado de tal derecho. Excepcionalmente, se podría ejercitar el desistimiento en el plazo de 12 meses si no ha mediado información para saber que podemos efectuar la extinción del contrato sin coste.

En segundo lugar, si la deuda por la que nos han incluido en el listado de ASNEF es reclamable por la empresa o empresas y no tengo medio económicos para afrontarla, existe un mecanismo legal para llegar a acuerdos de pago o, si el caso lo permite, extinción de la deuda según la llamada “Ley de Segunda Oportunidad”, regulando una especie de Concurso de Acreedores para personas físicas.

El último paso a seguir para que nos eliminen del fichero de morosos sería contactar con ASNEF y demostrar documentalmente que la deuda no es reclamable o que se ha saldado.

Con respecto a la segunda pregunta planteada en este título, ¿hay responsabilidad por daños y perjuicios si no tengo que estar ahí?, la pregunta se responde en parte por sí misma.

Si no tengo que estar ahí porque se ha demostrado que la deuda que me reclaman no se adecúa con la realidad, no conlleva necesariamente el resarcimiento de una indemnización por daños y perjuicios, puesto que, con la mera equivocación de inscribir el impago que no debíamos efectuar, no se pueden exigir responsabilidades.

Caso contrario nos encontraríamos, si a la hora de solicitar un préstamo, de la índole que sea, nos lo denegaran por estar en ese fichero como “moroso”. Es aquí cuando, una vez procedido a la cancelación de la deuda que ASNEF decía que tenía, debemos interponer una demanda de reclamación de cantidad por daños y perjuicios sufridos contra nuestro honor, a consecuencia de la imposibilidad de contratar un préstamo por culpa de ese registro.

La jurisprudencia tiene repetido que la inclusión indebida en un fichero de morosidad constituye una intromisión ilegítima en el derecho al, ya que supone imputar a una persona el incumplimiento de una obligación pecuniaria, con el descrédito que ello supone respecto a su fama, además de atentar a su propia estimación y de lesionar su dignidad.

Es decir, se necesita demostrar que nos han denegado algo por considerarnos como impagadores de forma injusta.

                En Podium Abogados entendemos la rabia e impotencia que produce estar en un sitio que no debemos, y también las circunstancias que nos llevan, muchas veces inevitablemente, a recibir cartas de impago, por lo que podemos ayudarte a salir de esa situación y recobrar la tranquilidad que mereces. 

El 8 de enero de 2021 Juanma Moreno, Presidente Andaluz, expuso cuáles serían las nuevas medidas que entrarían en vigor en la Comunidad Autónoma.

¿QUÉ MEDIDAS?

  • Mantenimiento del Cierre Perimetral de la CCAA, que se levantó entre el 23/12 y 7/01. Pasada la navidad, se cierra, así que desde ahora solo se podrá entrar con causa justificada.
  • Mantenimiento de la Movilidad entre las 8 Provincias. Es decir, puedes desplazarte de Cádiz a Sevilla por ejemplo.
  • Se mantiene el confinamiento perimetral de los Municipios del Campo de Gibraltar y se añade el de Añora, Córdoba.
  • Se adelanta el toque de queda 1 hora, por lo que debemos permanecer en nuestro domicilio de 22:00 a 06:00.
  • Las reuniones serán de 6 personas máximo.
  • El comercio podrá abrir hasta las 20:00h.
  • Hostelería hasta las 18h, y cafeterías hasta las 20:00h, concretamente, aquellas que no sirvan alcohol.
  • Los colegios permanecen en la misma situación que antes, pero la Universidad pasa a realizar sus funciones exclusivamente online en zonas de nivel 4, como Jerez por ejemplo.

¿DESDE CUÁNDO Y HASTA CUANDO?

Las medidas entrarán en vigor el 10 de enero y durarán hasta el 24.

Como siempre os comento, una vez tengamos el texto del BOJA sabremos más acerca de las nuevas medidas. 
Si tienes alguna duda al respecto o consulta jurídica en relación al COVID-19, recuerda que puedes solicitar cita previa a través del formulario de contacto.

La constante subida de usuarios de Vehículos de Movilidad Personal (en adelante VMPs) ha obligado al legislador a recoger de manera expresa a este tipo de dispositivos en el catálogo general de su Reglamento General de Vehículos, categorizándolos desde el 2 de enero de 2021 como un Vehículo más, y consecuentemente atribuyéndoles una serie de derechos y obligaciones.

Hasta la fecha los VMPs se han encajado en el papel con instrucciones de la Dirección General de Tráfico que de manera somera apuntan los definen en un primer texto (Instrucción 16/V-124, de 2016) como “vehículos de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h; y que luego hacen un mayor desarrollo en un segundo pronunciamiento” (Instrucción 2019/S-149 TV-108),en el cual se insta a los distintos municipios a recoger de manera expresa el uso de los VMPs dentro de sus ordenanzas de circulación, recomendando y animando a hacer un decálogo común de obligaciones y de posibles sanciones para los infractores.

Con la aprobación del Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, se empieza a poner firmeza en una construcción que ha crecido rápido, pero que lo ha hecho de forma irregular y sin mucha seguridad jurídica para usuarios VMP y para las propias corporaciones locales, las cuales han sostenido con casi total exclusividad la presión de la regulación del uso de este tipo de vehículos en sus respectivas ordenanzas de circulación.

El texto aprobado y publicado el pasado 10 de noviembre de 2020, pero con expresa vigencia a partir del 2 de enero de 2021, además de traer consigo la necesaria atribución a los VMP de la categoría de vehículo, insta a los usuarios a tener consigo un Certificado para la circulación, que según el propio texto es: 

Un documento expedido por un tercero competente designado por el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico en el que se acredita que el vehículo sometido a ensayo cumple con los requisitos técnicos de aplicación conforme a la normativa técnica nacional e internacional. Los vehículos de movilidad personal deberán obtener dicho certificado y la solicitud del mismo será realizada por los fabricantes, importadores o sus representantes respectivos en España.

El usuario de VMP deberá estar al tanto del llamado Manual de características de los VMP, que será “un documento elaborado por el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico y aprobado mediante resolución de su titular, en el que se establecerá los requisitos técnicos que los vehículos de movilidad personal deben cumplir para su puesta en circulación, la clasificación de los mismos, los procesos de ensayo para su certificación y los mecanismos que se emplearán para su fácil identificación. El manual se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en la página web de la Dirección General de Tráfico (www.dgt.es). El manual será actualizado cuando se modifiquen los criterios reglamentarios en materia de vehículos, tanto de carácter nacional como de la Unión Europea, o cuando la aparición de nuevas formas de movilidad lo requiera.”

Pero lo más importante de todo es que estos dos apuntes empezarán a ser relevantes a partir de los 2 años desde la publicación del Manual de características de los VMPs, que será el que marcará en todo momento la línea de lo que se deberá recoger en el Certificado para la circulación de los VMPs, que deberán ser expedidos y facilitados por los fabricantes, importadores y/o representantes de estos en España.

Es decir, que como usuario de VMP lo que más te interesa saber es que al ser conductor de un vehículo recogido dentro del catálogo del Reglamento General de Vehículos deberás cumplir siempre las normas de circulación, respetando las velocidades de cada vía (sin sobrepasar en ningún momento los 25 km/h) y sin invadir las aceras o vías de exclusivo tránsito peatonal. Mención aparte de la falta de obligación, pero si una expresa recomendación de contratar seguro para circular.

Sabemos perfectamente que estos tiempos están siendo muy difíciles. La pandemia en algún momento se irá y nos dejará una crisis económica que ya vivimos. Por ello, desde Podium Abogados queremos contribuir con nuestro granito de arena y hacer estas navidades mejores para los más importantes: los menores.

En consecuencia, desde el 14 hasta el 18 de diciembre, las consultas sobre Derecho de Familia que hagamos desde el despacho se harán gratuitamente, bastando con que el cliente aporte un Juguete o Juguetes para los más pequeños.

Contacta con nosotros a través del teléfono que aparece en la imagen o mediante la web www.podiumabogados.com.

Consulte las Bases Legales pulsando aquí.

Es bastante probable que la razón principal por la que hayas entrado en el post sea que en su día contrataras los servicios de Dentix para que te realizaran un tratamiento bucodental.

Tras mucha paciencia agotada e infinidad de cancelaciones de citas, probablemente solo queden vivas las cuotas que pagas mensualmente a la clínica, o a una financiera que facilitara el dinero a cambio de “cómodas” cuotas con “bajos” intereses.

Para vosotros, afectados, la respuesta es sencilla: hay que reclamar (¡!). Es sencillamente la única de las respuestas viables a un problema que no hace más que engordar la larga lista de catástrofes del aciago año 2020 en el que nos encontramos al escribir estas líneas.

Una vez respondida de manera sucinta la pregunta que da título a este texto, la siguiente cuestión que rondará la cabeza de los pacientes de ese barco a la deriva llamado Dentix —recordemos, en ERTE para toda su plantilla desde 13 de noviembre de 2020 y con todas sus clínicas cerradas de cara al público—, no debe ser otra que la siguiente: ¿cómo reclamo?, encontrándonos aquí ante la clave del asunto que tenemos entre manos.

Aclaración de interés

Desde Podium siempre recomendamos acudir a profesionales para que te guíen y puedan ser partícipes de los pasos que uno da en el camino hacia el intento de resolución de un problema.

En el camino a recorrer por parte de los afectados por el cierre de Dentix hay que hacer una serie de paradas que son de vital importancia:

1- Aunque por obvias razones se antoja difícil, no podemos dejar de mencionar la opción de acudir a la clínica en la que de manera habitual hemos recibido nuestro tratamiento; y pedir nuestro expediente clínico —propiedad inexcusable del paciente (Ley 41/2002 de 14 de noviembre de Autonomía del Paciente y los Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica)—, para poder así seguir el tratamiento en otro establecimiento en un futuro.

2- Al no estar las clínicas abiertas de cara al público, es bastante probable que haya que acudir a comunicaciones expresas para dar traslado de nuestra intención de dar por finalizadas las relaciones con la empresa. Estas comunicaciones pueden llevarse a cabo por vía e-mail, carta y/o burofax; recomendando este último para posibles futuras reclamaciones en sede judicial.

En la comunicación deberemos mencionar que la relación contractual con Dentix se rompe por manifiesta imposibilidad de seguir con el servicio acordado entre las partes, amparándonos tanto en la ley de consumo, como en el propio Código Civil.

Aprovecharemos también esta comunicación para solicitar nuevamente el expediente clínico. La cual a buen seguro no se habrá podido conseguir en la clínica en un primer acercamiento.

3- Para el más que probable caso de las personas que hayan financiado su tratamiento a través de servicios externos a la clínica, acto seguido, se deberá hacer una segunda comunicación. En este caso, contactando con la financiera en cuestión, solicitando la paralización de las cuotas que se seguirán pagando mensualmente. Haciendo constar también que no deberán trasladar nuestro expediente al registro de morosos del que a veces es difícil salir. *Dejamos el link de otra publicación de interés relacionada con este particular: link de Toni*

4- En caso de no recibir respuesta de una o ambas partes, acudir a la reclamación por la vía judicial. En la gran mayoría de los casos de los pacientes afectados por el cierre de este tipo de empresas es habitual tener que acudir en última instancia a los tribunales. En tales circunstancias, recomendamos encarecidamente acudir a profesionales lo antes posible para poder así intentar recuperar la totalidad o parte de las cantidades aportadas en un servicio que a veces ni siquiera se ha empezado a proporcionar.

5- Si se quisiera seguir adelante con el tratamiento antes de que se de por concluida la disputa con Dentix, es de vital importancia hacer un análisis completo de la boca del paciente afectado antes de volver a retomarlo en otra clínica distinta. En esta revisión, y tomando como referencia el listado de tratamientos a practicar que se presupuestaron en un primer momento por parte de Dentix, se deberá recoger qué intervención/es se ha llevado a cabo y qué intervención/es restarían para dar por concluido el tratamiento completo.

En Podium abogados estamos a tu disposición. Ponte en contacto a través de este formulario para exponer tu caso.

El falso autónomo más preparado, el abogado

Seguramente pueda sorprender, pero hay más falsos autónomos en la abogacía de los que se cree. Y es que, en vez de hacer lo que aconsejaríamos a nuestros clientes, los que supuestamente trabajamos con la ley en la mano, soportamos que los titulares de los despachos evadan cuotas a la seguridad social. Lo más sangrante, permitimos que se precarice a los más jóvenes.

Bajo el prisma de la ley, la trampa está hecha y ya se sabe en casa del herrero, cuchara de palo, no obstante, los tribunales ya han dado grandes pasos, levantando el velo de la precariedad en varios sectores. Seguro que has leído lo sucedido con Glovo o más recientemente con Deliveroo.

¿Cómo es posible que quien maneja la ley soporte la precariedad?

Pues bien, he leído varias noticias que hablan de que es una práctica muy extendida en pequeños y medianos despachos, no obstante, yo mismo he recibido ofertas de grandes despachos cuando inicié mis pasos en la abogacía, con la suculenta tentación de trabajar ocho horas diarias (o más sí quieres escalar en el entramado empresarial) por el nada despreciable sueldo de 600 euros, nótese la ironía.

Dichos extremos son conocidos por todos, pero parece ser que se ha normalizado, de tal modo que hasta los compañeros con cierta edad se sienten cómodos voluntariamente prestando sus servicios dentro del ámbito de una organización y dirección de otra persona, física o jurídica, quien debiere ser el empleador, todo ello como autónomos, con todo el fraude que ello supone.

Sí, acabamos de parafrasear el mismísimo Artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, sé que seguramente no seas un abogado especializado en Derecho Laboral, pero sé que esto lo conocías.

CONCEPTO DE FALSO AUTÓNOMO

En primer lugar, ¿qué es el trabajo autónomo? El Estatuto del Trabajo Autónomo establece que es autónomo aquella persona física que realiza una actividad con ánimo de lucro por cuenta propia de manera personal, directa y habitual, y sin estar bajo el mando ni dirección de otro, pudiendo tener o no personal laboral contratado.

Por ende, la figura contraria sería la del trabajador por cuenta ajena, que es aquel que voluntariamente presta sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario. Artículo 1 E.T.

Una vez entendidos ambos conceptos, parece obvio que el abogado que soporta horarios determinados por su bufete, trabaja con las herramientas y mobiliario que le facilita su «empleador» y además, en total oposición del Artículo 28 del Estatuto General de la Abogacía, en los expedientes que le son encomendados se ve obligado a acatar el rumbo jurídico e ideológico de los titulares del despacho, a fortiori, es un falso autónomo.

¿La solución?

Si has llegado hasta aquí, quizás te estés preguntado el motivo por el que después de tantas noches sin dormir, tanta lucha por alcanzar el sueño de ser abogado, sigues permitiendo que abusen de ti, quizás quieras conformarte con eso que tienes, pero, yo no dormiría tranquilo sabiendo que mañana puedo estar en la calle sin derecho alguno, siquiera subsidio.

Por eso te animo a que hagas lo que tú mismo aconsejarías a tus clientes; denuncia ante la inspección de trabajo, acude a ese compañero que seguro tienes y que es laboralista, porque no lo haces por ti, lo haces por todos los que vienen detrás. Basta ya, no hemos llegado hasta aquí para ser despreciados de esta manera infame.

Si tienes cualquier duda, en este despacho tienes compañeros que pueden orientarte, y por último, si eres uno de los se aprovecha de la necesidad del joven abogado, puedes contactar con nosotros, te contaremos cómo lo hacemos, nosotros no permitimos la precariedad, nosotros trabajamos por un mundo justo, y ello parte de hacer del nuestro uno menos imperfecto.

Contacta con nosotros, te ayudamos.

Los tiempos convulsos en los que vivimos, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito del derecho, parecen llevar aparejadas discusiones y problemáticas jurídicas de todos los colores. Desde el dictado del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, nuestro país se encuentra en estado de alarma para gestionar la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El estado de alarma

El RD se dicta en el marco del derecho de excepción creado tanto por el artículo 116 de nuestra Constitución, como por la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que recoge los distintos estados de alarma, excepción y sitio. A consecuencia de la entrada en vigor del RD, algunos derechos y libertades fundamentales recogidas en el texto constitucional han quedado limitadas. Ello sin entrar ni de lejos en el debate sobre si el estado de alarma es la correcta institución jurídica o si debió instaurarse un estado de excepción –debate polarizado y que tiene opiniones para todos los gustos–.

Pero, ¿y qué ocurre con quienes hacen caso omiso de la entrada en vigor de este RD? Las consecuencias jurídicas pueden ser desde administrativas hasta penales. Sin embargo, la situación convulsa en la que nos encontramos puede llevar, en la práctica, a que se incoen procedimientos por algunos tipos penales que no son sino la crónica de una absolución.

Más información

Puedes leer más acerca de ello en la colaboración de nuestro compañero Mario Neupavert en el prestigioso Blog “Criminal Fact”, pulsando este enlace.

Por otro lado, si tienes un procedimiento penal con relación o no con el Estado de Alarma, ponte en contacto con nosotros.