Los tiempos convulsos en los que vivimos, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito del derecho, parecen llevar aparejadas discusiones y problemáticas jurídicas de todos los colores. Desde el dictado del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, nuestro país se encuentra en estado de alarma para gestionar la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El estado de alarma

El RD se dicta en el marco del derecho de excepción creado tanto por el artículo 116 de nuestra Constitución, como por la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que recoge los distintos estados de alarma, excepción y sitio. A consecuencia de la entrada en vigor del RD, algunos derechos y libertades fundamentales recogidas en el texto constitucional han quedado limitadas. Ello sin entrar ni de lejos en el debate sobre si el estado de alarma es la correcta institución jurídica o si debió instaurarse un estado de excepción –debate polarizado y que tiene opiniones para todos los gustos–.

Pero, ¿y qué ocurre con quienes hacen caso omiso de la entrada en vigor de este RD? Las consecuencias jurídicas pueden ser desde administrativas hasta penales. Sin embargo, la situación convulsa en la que nos encontramos puede llevar, en la práctica, a que se incoen procedimientos por algunos tipos penales que no son sino la crónica de una absolución.

Más información

Puedes leer más acerca de ello en la colaboración de nuestro compañero Mario Neupavert en el prestigioso Blog “Criminal Fact”, pulsando este enlace.

Por otro lado, si tienes un procedimiento penal con relación o no con el Estado de Alarma, ponte en contacto con nosotros.

No son pocos los supuestos de hecho en los que se sentencia condenatoriamente a acusados sobre los que ya recaían otras condenas. En estos supuestos, juega un papel importante la reincidencia, de cara a agravar las penas que son impuestas. La reincidencia en el Derecho penal español se regula en el apartado octavo del artículo 22 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, artículo donde se recogen las circunstancias agravantes.

El problema de los Antecedentes Penales

Se recoge en tal apartado que hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este Código, siempre que sea de la misma naturaleza. También se expone que a los efectos de este número no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo, ni los que correspondan a delitos leves, así como que las condenas firmes de jueces o tribunales impuestas en otros Estados de la Unión Europea producirán los efectos de reincidencia salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pudiera serlo con arreglo al Derecho español.

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Por otro lado, si lo que necesitas es revisar tus antecedentes penales, obtener un certificado de antecedentes penales o cancelarlos, ponte en contacto con nosotros.

La jurisprudencia en el ordenamiento jurídico español desarrolla una labor complementaria con respecto a la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho, según el apartado sexto del artículo 1 del Código Civil. Mas en la práctica las sentencias ya dictadas por Juzgados y Tribunales constituyen una manera de entender cómo resolverán los siguientes casos, ateniéndonos a los que ya han podido enjuiciar.

Dónde buscar sentencias

En consecuencia, se hace fundamental el estudio y la referencia a la jurisprudencia durante la práctica jurídica, siendo también interesante para otros campos de conocimiento el poder manejar la lectura y búsqueda de sentencias. A día de hoy existen multitud de bases de datos privadas que permiten el acceso a jurisprudencia, tales como Aranzadi, Vlex, Tirant Lo Blanch o Sepín, por aportar algunos ejemplos, pese a que existen más. Saber lidiar con las bases de datos es fundamental, porque es vital estudiar la jurisprudencia de cara a investigar una materia en profundidad o afrontar la defensa o acusación en un asunto. Pero cualquiera puede acceder a las sentencias sin tener que suscribir un acuerdo con las anteriores: a través del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ).

Qué es el CENDOJ

La base de datos gratuita del CENDOJ permite buscar gran parte de las sentencias que dictan nuestros Jueces y Tribunales. No encontraremos aquí las sentencias del Tribunal Constitucional, que tiene su propio buscador (aquí).

Puedes leer más acerca de ello en la colaboración de nuestro compañero Mario Neupavert en el prestigioso Blog “Criminal Fact”, pulsando este enlace.

Por otro lado, si lo que necesitas es que te asesoren con respecto a sentencias, jurisprudencia o a cuestiones jurídicas documentales, ponte en contacto con nosotros.

Declarar en un procedimiento judicial es una experiencia, cuanto menos, evitable para el ciudadano de a pie. Que su Señoría pregunte por las generales de la ley (recogidas en el artículo 436 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) y advierta del posible delito de falso testimonio (cuya regulación se recoge en el artículo 458 del Código Penal) puede provocar el nerviosismo de la mayoría de testigos.

Qué es la Dispensa

Ambos artículos anteriormente mencionados de seguro merecerían sus propios posts, pero el tema del presente post es la dispensa al deber de declarar recogida en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este artículo contiene una dispensa, cuya definición según el Diccionario panhispánico del español jurídico es: “acto emanado de la autoridad competente que permite la no aplicación de un deber legal en un caso particular en atención a una causa justa”. En este caso, la dispensa produce la no obligatoriedad del deber de declarar: el testigo puede elegir hacerlo o no, y si lo hace, tendrá obligación de verdad.

Disposición Legal

El artículo 416.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece lo siguiente: “Están dispensados de la obligación de declarar: Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil, así como los parientes a que se refiere el número 3 del artículo 261. El Juez instructor advertirá al testigo que se halle comprendido en el párrafo anterior que no tiene obligación de declarar en contra del procesado; pero que puede hacer las manifestaciones que considere oportunas, y el Secretario judicial consignará la contestación que diere a esta advertencia.”

De una primera lectura podemos extraer quiénes son dispensados de esta obligación, pudiendo elegir si hacerlo o no:

  • Parientes del procesado en línea ascendiente, ello es, abuelos, bisabuelos, etc.
  • Parientes del procesado en línea descendiente, ello es, hijos, nietos, bisnietos, etc.
  • Cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial.
  • Hermanos consanguíneos o uterinos y colaterales hasta el segundo grado.
  • Los recogidos en el artículo 261.3 LECRIM (lo que no tiene sentido, por cuanto que la redacción vigente solo tiene dos apartados).

Puedes leer más acerca de ello en la colaboración de nuestro compañero Mario Neupavert en el prestigioso Blog “Criminal Fact”, pulsando este enlace.

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Hace tiempo que las redes se han inundado de ofertas suculentas, incluso reclamaciones a los bancos a coste cero, pues supuestamente, las entidades debían hacerse cargo de todos los gastos hipotecarios, y nada más lejos de la realidad.

Okupas y cuñados es la mezcla del miedo perfecta, y aunque es cierto que la okupación ha crecido, un aumento del 5% con respecto al año 2019 no justifica la alarma social creada por los medios, y es que parece ser que el tiempo de ir a la compra es suficiente para que perdamos nuestra casa, así pues, podemos concluir que ha crecido más el fenómeno del cuñadismo.