Los tiempos convulsos en los que vivimos, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito del derecho, parecen llevar aparejadas discusiones y problemáticas jurídicas de todos los colores. Desde el dictado del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, nuestro país se encuentra en estado de alarma para gestionar la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El estado de alarma

El RD se dicta en el marco del derecho de excepción creado tanto por el artículo 116 de nuestra Constitución, como por la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que recoge los distintos estados de alarma, excepción y sitio. A consecuencia de la entrada en vigor del RD, algunos derechos y libertades fundamentales recogidas en el texto constitucional han quedado limitadas. Ello sin entrar ni de lejos en el debate sobre si el estado de alarma es la correcta institución jurídica o si debió instaurarse un estado de excepción –debate polarizado y que tiene opiniones para todos los gustos–.

Pero, ¿y qué ocurre con quienes hacen caso omiso de la entrada en vigor de este RD? Las consecuencias jurídicas pueden ser desde administrativas hasta penales. Sin embargo, la situación convulsa en la que nos encontramos puede llevar, en la práctica, a que se incoen procedimientos por algunos tipos penales que no son sino la crónica de una absolución.

Más información

Puedes leer más acerca de ello en la colaboración de nuestro compañero Mario Neupavert en el prestigioso Blog “Criminal Fact”, pulsando este enlace.

Por otro lado, si tienes un procedimiento penal con relación o no con el Estado de Alarma, ponte en contacto con nosotros.

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